El Reino Unido autorizó el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, una decisión que profundizó la controversia diplomática con la Argentina por la explotación de recursos naturales en el archipiélago, cuya soberanía permanece en disputa.

La medida fue adoptada por el secretario británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, después de que el gobierno de Javier Milei presentara un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para intentar frenar las operaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La autorización fue confirmada por la compañía israelí Nativas, que participa en el desarrollo del yacimiento junto con la empresa británica Rockhopper. Según los planes de ambas firmas, las primeras perforaciones comenzarían a principios de 2027.

De acuerdo con información publicada por el diario británico Daily Mail, el Ejecutivo del Reino Unido tiene previsto comunicar formalmente al Parlamento la decisión de habilitar el proyecto, pese a los cuestionamientos presentados por las autoridades argentinas.

El anuncio llegó después de que Buenos Aires estableciera un plazo para que Londres impidiera el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con Sea Lion. El vencimiento de ese ultimátum, ocurrido el lunes, motivó una nueva presentación judicial internacional.

La decisión de avanzar con la explotación petrolera también generó cuestionamientos dentro de la política británica, aunque por motivos diferentes de los planteados por la Argentina.

El vocero de energía del opositor Partido Conservador, Andrew Bowie, cuestionó la posición del Gobierno laborista y denunció una contradicción entre la autorización para operar en Malvinas y las restricciones a la actividad hidrocarburífera en otras zonas bajo jurisdicción británica.

Bowie calificó la postura de Miliband como una “absoluta hipocresía” y sostuvo que esa contradicción “no tiene límites”.

“Sí, es una decisión muy positiva, pero plantea la pregunta: ¿por qué el Partido Laborista considera aceptable la extracción de petróleo y gas frente a las Islas Malvinas, pero no en nuestro Mar del Norte?”, expresó.

El dirigente conservador respaldó así la posibilidad de desarrollar el proyecto, pero cuestionó las diferencias entre la política energética aplicada al archipiélago y la adoptada para el Mar del Norte.

En septiembre, el Gobierno encabezado por el primer ministro Andy Burnham había anticipado que cualquier nueva licencia destinada a la exploración o explotación de hidrocarburos en las Malvinas debía contar con la aprobación de Miliband.

La autorización conocida ahora permitió avanzar con los planes de las empresas involucradas en Sea Lion, mientras continúa el conflicto diplomático y jurídico con la Argentina.

Antes de conocerse la decisión británica, el Gobierno naacional anunció una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de impedir que se desarrollaran actividades petroleras en la zona.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo informó que solicitó “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.

La presentación se concretó después del vencimiento del plazo que la Argentina había otorgado a las autoridades británicas para detener las actividades relacionadas con el proyecto Sea Lion.

Según explicó el Gobierno, el recurso judicial “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.

La administración de Milei sostiene que las autorizaciones británicas para explotar recursos naturales en el área disputada vulneran los derechos que la Argentina reivindica sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.

Por ese motivo, la estrategia oficial busca impedir el avance de las operaciones mientras se desarrolla el procedimiento internacional iniciado contra el Reino Unido.